Mención Honrosa

Refugio Venezolano en Chile

La ley sobre protección de refugiados (N° 20.430) fue promulgada el 15 de abril de 2010. Esto significó un avance significativo en la materia, saldando una deuda pendiente con los refugiados y cumpliendo con lo acordado en la declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984, donde se incitaba a los estados a crear mecanismos y procedimientos internos de protección a personas refugiadas.
La nueva legislación se adecuaba a los estándares internacionales en materia de protección, pasando de una ley restrictiva a una garantista. En el texto se reconoce como refugiados a «personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden pública». 
La implementación de la nueva normativa contó con el apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y «representó un gran avance para Chile en la medida en que reconoció los derechos y deberes de aquellas personas refugiadas y solicitantes en nuestro territorio. Fue todo un hito y sin duda se trató de un gran avance para el sistema de asilo en Chile», a juicio de la agencia internacional.
El mecanismo contemplado es sencillo. Se debe presentar la solicitud de refugio en cualquier oficina de extranjería o en las gobernaciones regionales o a la autoridad migratoria si se realiza al ingresar al país en un paso fronterizo. Desde ese momento la persona que solicita refugio, así como su familia, deben tener acceso a una visa temporaria por ocho meses.
Los antecedentes pasan a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado que revisa la solicitud y podrá pedir más información. Con esos datos recomendará al Subsecretario del Interior el reconocimiento o no de la condición de refugiado.

DIFICULTADES DEL SISTEMA Y AGUDIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN PIÑERA.

Francisca Vargas es abogada y profesora de la clínica jurídica a migrantes y refugiados, de la Universidad Diego Portales, quienes desde 2011 trabajan con solicitantes de refugio y asilo. La abogada señala que existe, en palabras del filósofo Hume, un abismo lógico insalvable a la hora de comparar como es el procedimiento legalmente y como es en la práctica. La legislación no contempla ninguna etapa previa a la solicitud, incluso esta se puede realizar por escrito, pero lo que generalmente ocurre es que «un funcionario llama a la persona a una salita especial, donde pide que le cuenten la historia y él decide si entrega o no el documento para solicitar refugio. En la mayoría de los casos no lo entregan, señalando que la persona no calificará o que el país no reconoce ese tipo de casos. Incluso tenemos muchos casos en el que ni siquiera reciben las solicitudes por escrito», señala Francisca.
Lo descrito por la abogada ha sido una práctica habitual del Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) que se ha profundizado los últimos años. María Elena Osorio, presidenta de la Organización de Refugiados Colombianos en Chile, señala que «en el último gobierno ha implementado una pre-admisibilidad arbitraria en el departamento de extranjería que impide que las personas que necesitan protección puedan acceder a esa solicitud».
Durante 2019 casi 17 mil personas manifestaron en frontera la intención de solicitar refugio en el país, de ellas 16.748 fueron venezolanas. Sin embargo, solo 780 pudieron formalizar la solicitud ante la autoridad, 226 venezolanos.
Pero no solo existen problemas para acceder a las solicitudes de refugio, también los tiempos de espera son largos, proceso que puede durar hasta cuatro años con visados temporarios de 8 meses, y las tasas de reconocimiento se vuelven cada vez más bajas. Si durante los primeros años de la implementación de la ley la tasa de reconocimiento se encontraba en un 22%, aproximadamente, hoy apenas llega al 3%. (Ver más en Cifras del Refugio Venezolano) 
En entrevista con el diario El Mercurio (11-02-2019), e intentando explicar el alto número de rechazos de solicitudes de refugio, el jefe del DEM, Álvaro Bellolio, señalaba la existencia de una «banalización» de la visa de refugio, ya que a su juicio «cualquiera puede pedir refugio bajo cualquier condición».
La autoridad agregó que «Muchos se pasaron el dato porque pensaron que era una visa más fácil de obtener, con una permisividad total de la administración apoyados por ciertas organizaciones. (…) La gran mayoría dice que viene por oportunidades económicas, creen que la visa de refugio es normal y no una necesidad de protección ante una persecución política».
Rodolfo Noriega, miembro del comité de refugiados peruanos, es enfático en señalar que «la institución del refugio está en una situación de incertidumbre. El estado chileno no está reconociendo refugiados. Esto es una decisión política. No se están admitiendo ni siquiera las solicitudes».
El también abogado agrega que «hay una confusión en la autoridad de que el refugio es residencia o visa y generan una barrera que obliga a desistir de la solicitud». Noriega también reconoce la posibilidad de que personas busquen en la institución del refugio una forma de acceder a un visado, pero atribuye esto a la pésima política migratoria del actual gobierno.

VENEZOLANOS REFUGIADOS

El desplazamiento de venezolanos es uno de los mayores de la historia reciente de América Latina. El número de personas desplazadas que cruzan las fronteras en la región ha aumentado alrededor de un cuatrocientos por ciento, de acuerdo con cifras entregadas por ACNUR, con más de cuatro millones de venezolanos viviendo fuera de su país, de ellos más del setenta y cinco por ciento viven en países vecinos.
Chile se ha transformado en el destino de un número importante de venezolanos desplazados por la situación que viven en su país, es así, como de acuerdo con datos entregados por la Organización de Estados Americanos (OEA), «es el tercer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, habiendo ingresado hasta la fecha 455.494 ciudadanos».
ACNUR no ha dudado en señalar que muchas de las personas venezolanas que han salido de su país, poseen grandes necesidades de protección. A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos. El organismo declara instar a los estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. 
Para la doctora Marcia Vera, académica Universidad Queen Mary de Londres, «la respuesta de Chile en este contexto se asimila a la de otros países de la región, ya que se han caracterizado por medidas ad-hoc o temporales como la visa responsabilidad democrática, cuyos requerimientos en la práctica han terminado creando, como ya sabemos, más irregularidad migratoria». Vera agrega que «esto es una tendencia que vemos en la región, a pesar de que tenemos los instrumentos necesarios para reconocer la condición de refugiado bajo la definición ampliada de refugiados que otorga la Declaración de Cartagena, que ha sido incluida en muchas legislaciones de refugio en los países de la región. Estos estados han decidido no acoger y no usar esa definición ampliada, solo México y Brasil la han aplicado hasta ahora».
La explicación del gobierno sobre su política hacia desplazados venezolanos la expresó en el informe «Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Chile», de la OEA. «Chile considera que la condición de refugiado se debe evaluar individualmente, caso a caso, a la luz de las definiciones establecidas en el Derecho Internacional y no de manera genérica».
Este punto es controversial, ya que la legislación chilena toma la definición de refugio de la declaración de Cartagena que, si bien no es obligatoria para los estados, en la medida que las leyes lo aprueben si es obligatoria. «La situación que vive la población venezolana se enmarca en ese concepto que se acuña o que se aprueba en la declaración», señala la abogada Macarena Rodríguez, miembro del directorio Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
La profesional agrega que «hoy, lo que estamos observando, es la nula aplicación de la ley de refugio».
Rodríguez indica que a partir del año 2018 se ha visto una voluntad evidente de la autoridad por no cumplir la ley en 3 momentos. Primero en frontera. Muchas veces las personas no saben que son refugiadas, pero la descripción de los hechos por los que salió de su país cae en esta categoría y los funcionarios no entregan la información.  Además, la autoridad policial declaró públicamente que no entregaría visas de refugio. «Esa barrera se complejiza aún más porque los venezolanos ya no pueden optar a la visa de turista (mecanismo que contempla la ley), producto de la visa consular de junio de 2019».
El segundo obstáculo está en el departamento de extranjería y las gobernaciones, con las entrevistas informales que se realizan. Además, le agregan citas, no entregan información de los lugares donde acudir. Macarena recuerda que este punto fue detectado por la Contraloría General de la República quien en el mes de octubre de 2020 le solicitó a la Subsecretaría de Interior, órgano de quien depende el DEM, realizar un sumario y determinar responsabilidades.
Demoras en el proceso y requerimiento de trámites que no están en la normativa vigente fueron algunas de las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador. Francisca Vargas, de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, agrega que «este no es el primer dictamen de la Contraloría, ya en 2013, cosa que reitera en 2019, el organismo señaló que las personas podían realizar sus solicitudes de manera escrita, sin necesidad de concurrir a una entrevista previa».
El tercer obstáculo, de acuerdo con el análisis de Macarena Rodríguez, está en las decisiones a la hora de otorgar refugio. El rechazo de solicitudes, en el último tiempo de forma masiva sin aplicar la ley de refugio, así como las declaraciones de las autoridades dan muestra de ello.
La opinión de ACNUR sobre el funcionamiento del sistema de refugio en Chile va en la línea de que «no podemos desconocer que muchas de estas personas están llegando al país en situación de gran vulnerabilidad y con enormes requerimientos de asistencia humanitaria. Claramente esta situación está generando mayores presiones sobre el sistema de asilo chileno y trae consigo grandes desafíos que son comunes al resto de los países de la región, como, por ejemplo, demoras en los tiempos de respuesta a las solicitudes. Esta situación es esperable en este contexto y, como he señalado, es un desafío general de la región que se ha visibilizado a raíz de la crisis».
Por su parte, para las organizaciones de la sociedad civil la actual administración del DEM ha realizado una pésima gestión en materia de refugio, intentando administrarlo como si se tratase de un tema migratorio con la implementación de la visa de responsabilidad democrática y negando el acceso, incluso  a la solicitud de refugio.
Las consecuencias de estas políticas se reflejan en el considerable aumento de  ingresos clandestinos, más de 6 mil desde la imposición de la visa consular, y el aumento de la irregularidad migratoria, principalmente en venezolanos.
Francisca Vargas define el accionar de la autoridad como «Criminal. Es la palabra que mejor lo describe. Me importaría aclarar que no milito en ningún partido y no tengo preferencia por ninguno. Me parece criminal independiente de quien venga, que personas en situación de vulnerabilidad extrema no puedan entrar a un procedimiento de estudio de su caso, donde ni siquiera te entregan una copia de lo que te están diciendo durante el proceso. Por eso muchas veces en la corte, cuando presentamos recursos, termina siendo la palabra tuya contra la palabra del abogado del DEM».

LA VISIÓN DE LOS VENEZOLANOS EN EL PAÍS

Las organizaciones de venezolanos en Chile han tenido una participación en brindar apoyo a sus compatriotas que llegan al país solicitando refugio o en situación de vulnerabilidad. 
Neida Colmenares, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Chile, asevera que «lo que han señalado distintas organizaciones de venezolanos, como ASOVEN, organizaciones especializadas en la materia como InfoMigra o el Servicio Jesuita Migrante, es que se está evidenciando una baja capacidad de respuesta del Estado en los tiempos y en la capacidad de información sobre el marco regulatorio que rige el refugio en el país hacia la comunidad venezolana. Lo que genera, pues, altos niveles de desinformación y también de confusión respecto a los mecanismos y procedimientos que se deben seguir para solicitarlo».
El análisis de la profesional avanza un segundo paso más, indicando que otro aspecto muy importante, que también ha sido señalado por las organizaciones de venezolanos y venezolanas en Chile, respaldado también por este organismo especializado, es la contratación de cierta vulneración en los procedimientos establecidos en la propia ley para acoger el refugio, porque lo que se plantea es que deben acogerse todas las solicitudes de refugio y luego de acogida.
La Asociación Venezolana en Chile (ASOVEN) es una de las organizaciones más representativas y emblemáticas de la comunidad venezolana, trabajando desde diversas aristas por el bienestar de sus compatriotas. 
Julio Azara es abogado venezolano, integrante de ASOVEN reside en el país hace 14 años y logró convalidar su título universitario, lo que le permite litigar. Al analizar la situación de los refugiados señala que para el gobierno chileno hay una distinción importante entre quienes tienen vínculos políticos y quienes son ciudadanos de a pie. 
«Han llegado algunas personas como refugiadas, que tienen el mérito de serlas, no digo que no lo tengan, pero que, por razones políticas de estado, les han concedido sin ningún inconveniente este refugio.  Aquí voy a referirme a casos que son públicos, por ejemplo, a quienes fueron magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y que se convirtieron en magistrados en el exilio (Ver El Magistrado). Ellos llegan a Chile bajo esa figura de refugio y evidentemente el estado chileno se los reconoce, pero a la par de esta figura que tiene cierta relevancia política, han llegado otras personas que vienen de haber estado detenidas, de haber sido torturadas de haber pasado 3 años en la cárcel y cuando, llegan a Chile, no pueden presentar su solicitud de refugio. Si logran hacerlo, cuando llega su familia, se les niega la posibilidad de solicitar el refugio (Ver Historia de Radio)».
Azara se cuestiona lo mismo que sus colegas del SJM y de las Clínicas Jurídicas. «¿Qué pasa con las autoridades migratorias que están en los puertos de entrada, a las que cuando usted dice que quiere solicitar refugio,  automáticamente te devuelven?». El abogado hace mención de este tema porque fue parte de un amparo de un padre venezolano que viajaba junto a su hija, él contaba con toda la documentación para residir en el país, pero la niña no y los embarcaron de vuelta a Perú. 
Casos como el que narra Julio se pueden contar por miles en Chile, dejando en total vulneración a sus protagonistas. 
Al parecer el gobierno chileno, en su afán por tener una migración «Segura, ordenada y regular» está provocando todo lo contrario. Dejando como víctimas silenciosas a los perseguidos, torturados y desplazados.
Entonces deberíamos replantearnos nuestro himno. Donde queda «el asilo contra la opresión» en Chile.